Un burdo golpe a la libertad de expresión.
Editorial de GARA publicado el 15 de enero de 2002.

Un burdo golpe a la libertad de expresión

El Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional española ha citado a declarar el próximo viernes a Martxelo Otamendi, director de "Euskaldunon Egunkaria", y Mertxe Aizpurua, directora de GARA, bajo la imputación de haber cometido los delitos de «amenazas terroristas», «justificación de los actos terroristas» e «inducción al asesinato». Tales acusaciones se basan ­habría que decir mejor tienen como excusa­ la entrevista realizada por estos profesionales a dos miembros de ETA que se publicó el 7 de junio del año pasado. Ya entonces, concretamente el 15 de junio de 2001, ambos periodistas tuvieron que comparecer ante el mismo juez que les cita ahora, Baltasar Garzón, al que le indicaron algo tan obvio como que resulta absurdo acusar a un periodista de haber cometido semejantes delitos por el simple hecho de realizar una entrevista. El propio Garzón debió de entenderlo así, pues se limitó a citar como testigos a Otamendi y Aizpurua. Sin embargo, y aquí adquiere la cuestión caracteres de esperpento, ahora la situación procesal de los periodistas cambia y se agrava, sin que existan elementos nuevos para hacerlo, y se les imputa como inculpados.

Hay que repetirlo una vez más: el que la bola de nieve lanzada a rodar por la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya crecido hasta este punto no debe hacer olvidar que el único «delito» cometido por estas dos personas consiste en concertar y realizar una entrevista con una organización armada que juega un determinado papel en el conflicto Euskal Herria-Estado español. Cualquier periodista hubiera hecho exactamente lo mismo si se le hubiera presentado la oportunidad, y de conseguirlo se habría limitado a cumplir con su obligación profesional. No son las declaraciones de ETA lo que pretende juzgar la Audiencia Nacional, sino la labor del entrevistador, y sólo en un estado de excepción se puede entender que un fiscal pretenda entrar a juzgar y calificar tal o cual pregunta.

Lamentablemente, desde hace tiempo es sabido que la Justicia ha perdido, especialmente en toda cuestión que afecte al conflicto vasco, la imparcialidad y la independencia, que debieran ser su principal característica. Alguien ha decidido ahora que la acción de preguntar debe ser considerada como delito terrorista, y el tribunal de excepción español no ha vacilado en prestarse a golpear de lleno a la libertad de expresión con tal de cumplir la misión que el Estado le ha encomendado. *